¡Ni un paso atrás!
En el trato hacia los extranjeros que intentan violar sus fronteras o los requisitos legales de ingreso o residencia, ningún país anda con paños tibios ni indulgencias.
Las excepciones a esta regla solo aplican en aquellos casos en que las normativas internacionalmente aceptadas autorizan dispensas excepcionales para los que reúnen las condiciones de refugiados.
En el caso dominicano, su indeclinable e innegociable deber es hacer respetar rigurosamente la ley de migración, base de la soberanía y su derecho a la autodeterminación, frente a las intrusiones de ilegales en su territorio.
Actuar a contracorriente de este principio, consagrado en su Constitución, es claudicar sobre uno de los más caros fundamentos de su propia independencia, y semejante error sería imperdonable para el gobierno que se atreviera a hacerlo.
Afortunadamente ha sido firme y responsable el pronunciamiento del gobierno, vía Cancillería, para refutar críticas hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con las deportaciones de embarazadas haitianas.
Estas ni son refugiadas ni nada por el estilo. Son mujeres que, desesperadamente, pagan a traficantes para venir a parir a los hospitales dominicanos, gratuitamente.
Y estos traficantes son tan malvados que, si las mujeres no pagan el precio del trato, las secuestran, las violan o les sustraen bienes.
Las historias de estos desmanes han sido ilustrados en una serie de reportajes sobre la temible banda mafiosa Los Poteas que ha publicado el Listín Diario en los últimos días.
Refugiados sí son, y están en el país sin ser devueltos a Haití porque pesan amenazas de muerte en su contra, el exalcalde de Puerto Príncipe, Ralph Youry Chevry, el exgobernador de una provincia, Wenson Pierrez y otros dos haitianos disidentes.
Así que frente a las maniobras insidiosas y manipulaciones que se articulan para presionar al gobierno a que se haga de la vista gorda en la aplicación de la ley de migración, solo cabe una consigna: ¡Ni un paso atrás!
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